"La directiva europea de retorno de inmigrantes es un avance progresista"

Si bien por un lado, las duras críticas recibidas por la llamada Directiva de la Vergüenza desde diferentes ámbitos de la sociedad no han cesado, por otro el Presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, no ha mostrado la menor reticencia en referirse en los términos anteriormente citados a la polémica ley europea de inmigración "ilegal" en declaraciones recientes al diario El País. Zapatero, que meses antes se destacó respecto a su rival electoral, Mariano Rajoy, en la defensa de los inmigrantes y sus derechos, muestra ahora su cara menos amable con aquellos que lo apoyaron masivamente en las elecciones.
A la pregunta del entrevistador sobre lo escasamente democrático de una medida que permite la detención de personas durante un periodo de tiempo de hasta 18 meses sin cometer ningún tipo de delito, el actual presidente responde "No es un desastre, es un avance. A mí me hubiera gustado que el límite de tiempo fuera menor, que hubiera más garantías jurisdiccionales, sí, claro, pero no puede decirse que sea un desastre. Al contrario".
Zapatero no duda de catalogar de "demagogia irresponsable" e "ignorancia supina" las críticas vertidas sobre la Directiva, a pesar de que dos de los europarlamentarios socialistas (José Borrell y Raimón Obiols) y más de cien socialistas del resto de Europa, han votado en contra de la medida, desafiando así la disciplina de voto del partido y exponiéndose a las sanciones correspondientes.
La Directiva europea de retorno de inmigrantes ilegales se ratificó el pasado 18 de Junio en el Parlamento Europeo con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Dicha Directiva pretende alcanzar una política comunitaria de retorno mediante la cual luchar contra la inmigración "ilegal" desde la organización, cooperación y acción conjuntas de todos los países miembros. Uno de los puntos clave de la misma es facilitar el retorno voluntario de inmigrantes a través de los medios financieros destinados a la causa por la Unión Europea. En el caso contrario, se procedería a la expulsión inmediata en 7 días o a la retención en centros de internamiento de 6 a 18 meses.
Han sido numerosos los sectores que han crítica el viraje conservador de la Unión Europea, entre ellos los países latinoamericanos, cuyos líderes, con Hugo Chávez y Evo Morales a la cabeza, han acusado a Europa de traición y de violar los derechos humanos.
Quizás la perspectiva más pragmática del problema (a lo que cabría añadir cínica, irresponsable y xenófoba) la ha aportado el eurodiputado español por CiU, Ignasi Guardans; "El problema hay que verlo desde el punto de vista del gasto público y lo que los sin papeles representan para las prestaciones sociales. Es por esto que se prive la libertad a personas que no hayan cometido delito durante el tiempo que dure el proceso de repatriación".

No cabe duda de que nos encontramos en un periodo de crisis, a pesar de las acrobacias verbales del gobierno socialista, en el que sector de la construcción se desploma por su propio peso y el paro crece de forma vertiginosa. La mano de obra barata proporcionada por los inmigrantes, tanto legales o como "ilegales"(que han constituido una esfera económica subterránea de enorme importancia) es ahora prescindible, por lo que se busca la salida rápida de éstos. Según datos oficiales, actualmente residen en Europa 6 millones de inmigrantes "ilegales", fundamentalmente en países como España, Italia y Francia, que se verán gravemente perjudicados por la nueva Directiva. Las persecuciones ya han comenzado en nuestro país; el pasado día 30 de Junio se llevó a cabo una redada en Murcia en el que fueron detenidos 86 inmigrantes. El temor entre los "sin papeles" crece ante su vulnerabilidad legal y la posibilidad de internamiento en centros de retención.
Estos centros de retención son en la mayoría de las ocasiones peores que las cárceles. Algunas personas que han pasado por ellos hablan de "agujeros" sin ventanas, sin contacto con el exterior y sin ningún tipo de actividades.
En el terreno político español la Directiva de retorno no ha supuesto ninguna controversia. El Partido Popular ve con buenos ojos la mano dura, mientras el silencio se ha instalado en el resto de partidos, bien por complacencia bien por pasividad en un periodo de tiempo en el que las próximas elecciones quedan aun lejos.
La sociedad española merece una explicación contundente de su gobierno socialista, supuestamente garante de los derechos humanos y precursor de la Alianza de Civilizaciones, que está actuando con un cinismo escandaloso bajo la impunidad de una democracia que se ejerce cada cuatro años.